
Asociado
Enrique Romano Barragán
Enrique Romano Barragán es egresado de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con un Máster en Derecho Sanitario y Bioética por la Universidad de Castilla-La Mancha, así como con formación especializada en juicio de amparo, derechos humanos y propiedad intelectual. Con más de quince años de experiencia profesional, ha desarrollado una distinguida trayectoria en los sectores público y privado, particularmente en litigio constitucional y administrativo, combinando una sólida preparación académica con una amplia experiencia en el ejercicio jurisdiccional y la representación de empresas internacionales.
Su práctica profesional se concentra en litigio constitucional y administrativo, con especial experiencia en propiedad intelectual, derecho sanitario, derecho fiscal-constitucional, derechos humanos y responsabilidad patrimonial del Estado. Ha intervenido en controversias de alta complejidad relacionadas con la constitucionalidad de disposiciones legales, protección de derechos fundamentales y regulación de industrias estratégicas, particularmente en el sector farmacéutico.
A lo largo de su trayectoria, ha representado a importantes empresas internacionales en litigios estratégicos y procedimientos constitucionales de especial trascendencia. Asimismo, ha desempeñado cargos relevantes dentro del Poder Judicial de la Federación, incluyendo los de Secretario de Tribunal Colegiado de Circuito, Secretario de Juzgado de Distrito y Secretario de Pleno de Circuito. Su experiencia combina un profundo conocimiento del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales con una práctica especializada en la defensa de derechos frente a actos de autoridad.
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Representó a una de las empresas farmacéuticas más importantes a nivel global en controversias de alto perfil relacionadas con la defensa de sus patentes de medicamentos biotecnológicos y la protección de los datos de prueba generados para la aprobación de dichos medicamentos.
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Participa en la ejecución de una estrategia integral en materia corporativa y de litigio constitucional para inversionistas institucionales, con el objetivo de remover con causa a un administrador de fideicomisos emisores de certificados bursátiles de desarrollo.
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